¿Cómo percibe la sociedad la piratería? ¿La justifica o no? ¿Están los ciudadanos a favor de proteger los derechos de autor? A día de hoy, sigue existiendo un claro consenso por parte del legislador acerca de la necesidad de proteger el trabajo de artistas, creadores e inventores, y éste se refleja en distintas normas, tanto nacionales como europeas o internacionales. La visión de la opinión publica, sin embargo, es más cambiante, y muta en función del estado de la sociedad y de parámetros como el precio de la cultura, etc. En este sentido, según la última encuesta de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), el 97% de los ciudadanos comunitarios está a favor de que se protejan los derechos de propiedad intelectual de los creadores, y de que estos sean justamente retribuidos por su trabajo.
Según el mismo estudio, sin embargo, un 7% de los europeos encuestados reconoce haber adquirido falsificaciones o productos pirateados. Una cifra que supone un retroceso en la percepción de la necesidad de proteger los derechos de autor, ya que existe un alza de tres puntos porcentuales con respecto a la estadística recogida en el año 2013.
Un cambio generacional en la percepción de la piratería
Estas cifras marcan un claro cambio de cultura entre las nuevas generaciones -cuatro de cada diez ven “aceptable” la adquisición de falsificaciones cuando el precio del original resulta prohibitivo-, pues el ascenso se sitúa en entre los jóvenes de 15 a 24 años, y en un momento posterior a los peores años de la crisis económica, donde podría verse más justificado el uso de la piratería que en la actualidad.
Por su parte, si ponemos la vista en España, estas cifras se elevan hasta cinco puntos porcentuales por encima de la media europea en lo que a vulneraciones de derechos de autor y propiedad intelectual se refiere. A pesar de la conciencia ciudadana acerca de lo negativo de esta forma de consumir cultura, el 11% de los españoles encuestados reconoce comprar productos falsificados, y hasta un 16% descarga o accede a contenido online pirata.
¿Qué es la piratería?
Para entender el concepto de piratería, podemos acudir a la definición que nos ofrece el Observatorio Mundial de Lucha contra la Piratería, perteneciente a la UNESCO. Según este organismo, este concepto “abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente".
Por tanto, la piratería puede afectar a muchos tipos de creaciones artísticas, literarias, informáticas, etc. En definitiva, hablamos de cualquier tipo de copia hecha sin el consentimiento del titular del derecho sobre el objeto en cuestión que pueda ser susceptible de lesionar los derechos de autor y de propiedad intelectual de éste.
El auge de las nuevas tecnologías y la democratización de Internet han dado lugar a un nuevo concepto de piratería y, por tanto, los legisladores han tenido que reformular los principios legales que se encargan de luchar contra ella. En esta línea, en España entró en vigor en enero de 2015 la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que incrementa las sanciones administrativas para aquellos que incumplan los requerimientos de la Comisión Sinde.
En el ánimo por proteger los derechos de autor, incluso se han llegado a endurecer las penas del Código Penal relativas a los tipos delictivos más graves -los señalados en los artículos 270 y sucesivos-, llegándose a castigar con penas de multa y hasta seis años de prisión.
También se ha abierto un canal de denuncia para el titular de los derechos de autor que se vean vulnerados, a través de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con la potestad para requerir la retirada de los contenidos que puedan estar infringiendo los derechos de autor, y por tanto, la propiedad intelectual de quien lo solicite. Además, esta Comisión puede actuar de oficio, es decir, aunque no exista denuncia por parte del titular de estos derechos.
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